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Jueza escocesa declara ilegal la guía sobre presos trans

Un tribunal de Escocia ha anulado la guía que permitía a presos trans ser alojados según su identidad de género, basándose en una sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido.

La jueza Lady Ross dictaminó que la guía del gobierno escocés sobre el alojamiento de presos transgénero es ilegal, al considerar que la segregación por sexo en prisiones debe basarse en el sexo biológico. La decisión se apoya en un fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido emitido el año pasado, que estableció que el sexo a efectos legales es el biológico, no el de género autopercibido.

El caso fue llevado a los tribunales por una organización que defiende los derechos de las mujeres, argumentando que la guía ponía en riesgo la seguridad de las reclusas. La sentencia obliga al gobierno escocés a revisar su política penitenciaria para alinearla con la jurisprudencia del Supremo.

Contexto y precedentes

Este fallo se inscribe en un debate más amplio en el Reino Unido sobre la definición legal de sexo y género. La sentencia del Tribunal Supremo de 2025 ya había generado controversia al establecer que el sexo biológico prevalece sobre la identidad de género en contextos como los espacios segregados. Escocia, que tiene competencias transferidas en justicia penal, había optado por una política más inclusiva, ahora cuestionada judicialmente.

Utilidad práctica para el lector

Para quienes siguen la evolución de los derechos trans en el Reino Unido, esta sentencia marca un hito: confirma que las políticas basadas en la autopercepción de género pueden ser impugnadas legalmente si chocan con la interpretación judicial del sexo. Las administraciones penitenciarias de otras regiones británicas probablemente tomarán nota para evitar futuros litigios.

Fuentes

La sentencia prioriza la seguridad sobre la identidad de género.

Creemos que la decisión de la jueza Lady Ross es jurídicamente coherente con la doctrina del Tribunal Supremo, pero abre interrogantes sobre cómo conciliar derechos de las personas trans con la protección de otros colectivos en prisión. La seguridad de las reclusas es un fin legítimo, pero no debería traducirse en una exclusión automática de personas trans que ya han sido evaluadas individualmente.

Observamos que el debate se polariza en torno a dos visiones del sexo y el género que a menudo se presentan como irreconciliables. Sin embargo, la práctica penitenciaria podría beneficiarse de soluciones intermedias, como unidades específicas o evaluaciones caso por caso, que eviten tanto riesgos como estigmatizaciones. La sentencia no cierra esa puerta, pero sí exige que el gobierno escocés redefina su marco normativo con mayor precisión.

— Mesa Editorial

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