El dilema de Tenerife: qué hacer con el monumento franquista que ni Franco quiso
Santa Cruz de Tenerife alberga una estatua ecuestre de 10 metros dedicada a Franco, obra de Juan de Ávalos. El debate sobre su retirada o conservación se reabre mientras el gobierno local busca consenso.
Santa Cruz de Tenerife alberga desde 1966 una imponente estatua ecuestre de Francisco Franco, obra del escultor Juan de Ávalos. La pieza, de 10 metros de altura, representa un ángel que evoca el avión Dragon Rapide en el que Franco viajó desde Canarias para iniciar el golpe de Estado de 1936. Aunque el régimen franquista la encargó con fines propagandísticos, el propio Franco rechazó la obra por considerarla demasiado grandiosa, según fuentes históricas.
El monumento se encuentra en un espacio público de la ciudad y ha sido objeto de controversia recurrente. Grupos defensores de la memoria histórica piden su retirada, argumentando que glorifica una dictadura. Por otro lado, sectores conservadores y algunos historiadores del arte defienden su valor artístico y su relevancia como testimonio histórico. El ayuntamiento de Santa Cruz ha iniciado un proceso de consulta ciudadana para decidir su futuro, mientras que el gobierno autonómico se muestra dividido.
La Ley de Memoria Histórica de 2007 y la posterior Ley de Memoria Democrática de 2022 establecen la obligación de retirar símbolos de exaltación franquista de espacios públicos, pero permiten excepciones por razones artísticas o histórico-artísticas. Este marco legal es el que ahora se pone a prueba en Tenerife.
Fuentes: Xataka
El valor artístico no justifica mantener un símbolo de opresión.
Me parece que el debate sobre esta estatua trasciende lo estético. La obra de Juan de Ávalos tiene indudable mérito escultórico, pero su función original fue la propaganda de un régimen que cometió violaciones sistemáticas de derechos humanos. Mantenerla en un espacio público sin un contexto crítico claro equivale a normalizar ese pasado.
La ley de memoria democrática ofrece una vía: retirarla a un museo o espacio donde se explique su significado histórico. El ayuntamiento debería priorizar ese enfoque, en lugar de dilatar la decisión con consultas que pueden polarizar aún más. No se trata de borrar la historia, sino de no celebrar a quien la manchó.
En mi opinión, el consenso social no debería ser un obstáculo para aplicar la ley. Si el valor artístico es genuino, el monumento puede preservarse en un contexto museístico que eduque, no que exalte. Lo contrario sería ceder a una falsa equidistancia que equipara víctimas y verdugos.
— El AnalistaFuentes
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