El Gobierno da un ultimátum para erradicar el 'ángel' franquista de Tenerife. Los canarios no opinan igual

La retirada es legal pero el consenso social es clave.

El ultimátum del Gobierno se sostiene sobre la Ley de Memoria Histórica, que prohíbe la exaltación de la dictadura. Pero la ley no opera en el vacío: en democracia, las decisiones sobre el espacio público deberían buscar el mayor consenso posible. Ignorar que más de la mitad de los tinerfeños quiere mantener el monumento puede generar un desgaste político innecesario y alimentar discursos de agravio territorial.

Por otro lado, el argumento del 'valor artístico' es escurridizo. La obra de Juan de Ávalos tiene indudable factura técnica, pero su carga simbólica es inseparable de su origen. No se puede desvincular la escultura del contexto para el que fue creada: glorificar un golpe militar. La solución no es binaria: existen precedentes de resignificación, como añadir placas contextualizadoras o trasladar la obra a un museo. El Cabildo debería explorar esas vías antes de que el conflicto escale.

En mi opinión, el Gobierno central acierta al aplicar la ley, pero se equivoca al imponer plazos sin diálogo previo. La memoria histórica no se construye con órdenes, sino con pedagogía. Si se fuerza la retirada sin explicar por qué, el monumento corre el riesgo de convertirse en un símbolo de resistencia identitaria, justo lo contrario de lo que se busca.