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El monumento a Franco en Tenerife: ¿preservar o erradicar?

Santa Cruz de Tenerife alberga un monumento ecuestre a Franco de 10 metros. El debate sobre su futuro enfrenta a quienes defienden su valor histórico y quienes exigen su retirada como símbolo de la dictadura.

Santa Cruz de Tenerife alberga un monumento ecuestre a Francisco Franco de 10 metros de altura, esculpido por Juan de Ávalos en 1966. La obra, ubicada junto al muelle donde el Dragon Rapide recogió al general para iniciar el golpe de Estado de 1936, ha reavivado el debate sobre su permanencia. Por un lado, colectivos memorialistas y partidos progresistas piden su retirada inmediata, argumentando que glorifica la dictadura. Por otro, sectores conservadores y vecinos defienden su conservación como testimonio histórico, aunque algunos proponen resignificarlo con una placa contextualizadora. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha encargado un informe técnico y jurídico para decidir, mientras la Ley de Memoria Democrática de 2022 insta a eliminar símbolos de exaltación franquista. El caso recuerda a otros similares, como la polémica en Madrid por el monumento a los caídos del Alcázar de Toledo o la retirada de estatuas ecuestres en Estados Unidos y Europa. La decisión final dependerá de la interpretación legal y la voluntad política, con el precedente de que en 2021 el Tribunal Supremo avaló la retirada de una cruz franquista en Cuelgamuros.

Fuente: Xataka

El debate es legítimo, pero la ley es clara.

El monumento a Franco en Tenerife no es solo una obra de arte; es un símbolo político que, según la Ley de Memoria Democrática, debe ser retirado o resignificado. Quienes defienden su conservación como 'historia' olvidan que no hay un museo ni contexto crítico: es un homenaje en espacio público. Yo creo que la ley no admite medias tintas: si se quiere preservar, que sea en un museo con explicación histórica, no en una plaza.

El debate no es nuevo. En otros países, las estatuas de dictadores o figuras controvertidas se han retirado o trasladado. Lo que me parece relevante es que, más allá de la polémica, la decisión debe basarse en criterios legales y de memoria democrática, no en emociones. El informe técnico que ha encargado el Ayuntamiento es el camino correcto, pero no debería alargarse sine die.

En definitiva, el monumento es un vestigio de un régimen que la sociedad española ha condenado. Mantenerlo sin contexto es una anomalía. La solución más sensata es trasladarlo a un espacio museístico donde se explique su significado, y así cumplir con la ley sin borrar la historia.

El Analista

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